Vergonzosa decisión de aplazar el juicio a los acusados saharauis, una nueva mancha en el sistema de justicia de Marruecos. 

img_0563-2El 27 de julio la Corte de Casación de Marruecos anuló la injusta condena por el tribunal militar contra 24 acusados, a quiénes Adala UK considera presos de conciencia. Se enfrentan a cargos falsos, por los que podrían ser condenados a largas condenas. 
El lunes 26 de diciembre, un tribunal de Sale (Marruecos) aplazó hasta el 23 de enero 2017 el juicio de los 24 acusados, conocidos popularmente como “Grupo Gdaim Izik”. Las razones alegadas para justificar este aplazamiento es que los dos acusados – Mohamed Ayoubi, que se encuentra en libertad condicional, y Hasana Alía, a quién España ha concedido asilo – no estaban presentes durante el juicio.

 

Varios observadores, abogados, juristas y activistas de derechos internacionales asistieron al juicio.

Al entrar los presos fueron puestos en una sitio cerrado rodeado de vidrio sin micrófonos, lo que les impedía escuchar los diálogos durante el juicio, los tribunales y durante más de 6 horas se centraron escuchar los abogados de acusación. Constantemente denegaban a la defensa sus peticiones de intervenir.

A dos de los abogados franceses se les permitió unirse a la defensa debido al acuerdo existente entre Francia y Marruecos. Su intervención se centró en el incumplimiento de las normas internacionales sobre investigaciones efectivas e independientes sobre los malos tratos y la tortura. También describieron cómo se utilizó la tortura en las comisarías y centros de gendarmería durante las detenciones de los acusados para obtener confusiones que se están utilizando como pruebas de acusación en el juicio. Señalaron como prueba la decisión del Comité de Prevención de la Tortura de la ONU sobre donde destaca que uno de los presos políticos fue torturado. (Ver la resolución)
Uno de los miembros de Adala constató varias irregularidades y ejemplos de ineptitud absoluta durante los procedimientos judiciales.
Asegurando que “el tribunal no mostró ningún interés en examinar las confesiones obtenidas bajo malos tratos y torturas que motivaron el proceso y carece de atribuciones para absolver a los acusados de los cargos que se formularon en su contra. No obstante, concluyó que el nuevo tribunal civil que rechazó la libertad condicional a los acusados, y ordenó el encarcelamiento de nuevo no siguió correctamente los procedimientos legales establecidos.”
Durante el juicio se impidió la entrada a la sala a los familiares de los acusados y activistas así como todo el público saharaui procedente de todas las ciudades del Sáhara Occidental y otros ciudades de Marruecos.
“La democracia no existe en este país. ¿Es democracia impedir a los familiares de los acusados presenciar el juicio? Estas madres y hermanas de los acusados han cruzado más 1000Km para estar presentes en el juicio” ha dicho el activista Mohamed Almotawakil.
“Aquí hay activistas de derechos humanos que quieren observar el juicio, y se les ha impedido entrar، lo que explica que este juicio no va a ser justo” añade Mohamed (ver vídeo de su testigo).

 

Familiares de los acusados, activistas por los derechos humanos y cientos de personas provinientes de los TTOO del Sáhara Occidental y de distintas ciudades de Marruecos realizaron una protesta frente al tribunal de Sale para exigir justicia y su inmediata liberación .


Las autoridades marroquíes parecen haber orquestado una campaña dura y eficaz en los medios de telecomunicaciones oficiales para movilizar a la opinión pública de Marruecos, donde se han concentrado cientos de marroquíes para impedir esta protesta utilizando términos racistas y humillantes contara los saharauis. Además, un enorme despliegue de las fuerzas de seguridad hizo que fuera imposible que los manifestantes pacíficos se sintieran seguros.

 

“Hoy nos atacaron civiles marroquíes delante de las fuerzas marroquíes para impedir que no nos manifestemos para exigir justicia para los acusados, y las autoridades marroquíes no se han movido para impedir el ataque, parece que está todo coordinado” comenta una familiar de los acusados (ver testigo).

Adala UK considera que estos 24 hombres nunca debieron ser encarcelados y no deben pasar ni un día más en prisión. En vez de prolongar su injusta privación de libertad hasta la celebración del nuevo juicio los 24 deben ser puestos en libertad sin más dilación.

Informaciones complementarias:


El 8 de noviembre de 2010 estallaron enfrentamientos al desmantelar las fuerzas de seguridad marroquíes un campamento de protesta en Gdeim Izik, en las proximidades de El Aaiún, donde miles de saharauis se habían congregado para hacer una serie de demandas sociales y económicas. Resultaron muertos 11 miembros de las fuerzas de seguridad y 2 saharauis.
Se detuvo a centenares de saharauis, y el 17 de febrero de 2013 el Tribunal Militar de Rabat declaró a 25 de ellos culpables de pertenencia a una organización criminal, violencia contra funcionarios públicos y profanación de un cadáver. De ellos, 21 están cumpliendo ahora sus condenas. Dos de los acusados fueron puestos en libertad por llevar ya en prisión un periodo igual a su condena, otro fue juzgado in absentia y otro quedó en libertad provisional por razones de salud.
* El tribunal se basó en gran medida en “confesiones” obtenidas presuntamente por medio de tortura, y las autoridades no investigaron estas denuncias. El relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria expresaron su preocupación por la falta de investigaciones sobre las denuncias de tortura de los presos. El Grupo de Trabajo pidió también a las autoridades marroquíes que revisaran las sentencias con arreglo al principio de que ningún civil debe ser juzgado ante un tribunal militar.
* 13 de los 21 presos saharauis se declararon en huelga de hambre durante 36 días entre marzo y abril de 2016 para instar a las autoridades marroquíes a ponerlos en libertad.(véase la petición https://adalauk.org/petition/thirteen-saharawi-political-prisoners-began-a-hunger-strike/).                                                                                                                                  El 7 de abril de 2016, las autoridades de Marruecos expulsaron a juristas procedentes de España, Bélgica y Francia, así como a un juez español, que habían llegado a Rabat el día anterior con la intención de reunirse con ellas para expresar su apoyo a los presos.

* Los 23 hombres presentaron un recurso contra su sentencia ante la máxima instancia judicial de Marruecos hace tres años, tras haber sido sometidos a un juicio militar injusto y empañado por denuncias de tortura que las autoridades no investigaron jamás. El Tribunal de Casación de Marruecos tardó más de tres años en pronunciarse sobre la petición de los condenados, pese a que el artículo 546 del Código de Procedimiento Penal del país obliga a la máxima instancia judicial marroquí a tomar una decisión sobre los asuntos en el plazo de tres meses a partir de la presentación del recurso.
* En 2015, Marruecos modificó su legislación sobre justicia militar para poner fin a los juicios de civiles ante tribunales militares, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.

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